A pesar de que Latinoamérica ha logrado avances en la protección de los derechos humanos, es necesario reconocer que la tortura aún persiste en la región, sobre todo en contextos de violencia o de falta de gobernabilidad, por lo que es preciso redoblar esfuerzos para erradicar dicha práctica, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 18/2021, al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tras acreditar violaciones a los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura, atribuibles a elementos de la entonces Policía Federal Ministerial de Tamaulipas, en el 2015.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) presentó una queja y la denuncia correspondiente en contra de personal de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) por impedir el acceso a lugares de privación de la libertad y obstaculizar así sus labores durante una visita de observación realizada el pasado 14 de abril.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, por actos de tortura en agravio de V1 y V2, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República, en el Estado de Tamaulipas.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno por actos de tortura en agravio de V1, V2 y V3, atribuibles a la entonces Policía Federal, en el Estado de Jalisco
Sobre el caso de la detención arbitraria y tortura en agravio de una víctima en Morelia, Michoacán.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica por la retención ilegal; a la integridad personal por actos de tortura cometidos en agravio de V, atribuibles a elementos de la polícia federal, en Valle Hermoso Tamaulipas, así como al acceso a la justicia en su modalidad de Procuración de Justicia cometido en agravio de V, atribuible a personal ministerial de la actual Fiscalía General de la República.
