El diez de junio del año en curso, pobladores de la comunidad de Guadalupe Tepeyac, perteneciente al Municipio de las Margaritas, Chiapas, retuvieron durante varias horas al Director del Hospital Rural IMSS-BIENESTAR del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la citada localidad; a quien señalaron como responsable del fallecimiento de un paciente, circunstancia que tuvo como consecuencia que se suspendieran los servicios médicos que brindan a los Municipios de la Trinitaria, Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, Chiapas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamenta de manera profunda y a su vez condena de forma enérgica, la conducta empleada por el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, al realizar presuntos actos de hostigamiento y amenazas en agravio de la reportera Liz Leyte, colaboradora del rotativo “Meganoticias”, luego de que lo cuestionara sobre los datos proporcionados respecto del número de casos de COVID-19 en dicha entidad, no sólo porque se trata de agravios a una mujer en pleno desempeño de su actividad laboral, sino porque desestima el legítimo cuestionamiento del ejercicio periodístico.
Atrae CNDH caso de ataque de policías de Chiapas a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y alumnos de la Normal Mactumactzá.
La CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas la implementación de medidas cautelares tendentes a garantizar condiciones necesarias para la protección de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades y cabecera municipal de Oxchuc, Chiapas; pide implemente de manera inmediata y en coordinación con las autoridades que considere pertinente atención a la problemática a través de mesas de dialogo, para generar mecanismos de solución duraderos que pacifiquen esa región.
La CNDH expresó su preocupación por los ataques con arma de fuego que persisten en la zona limítrofe de los municipios de Aldama y Chenalhó, en Chiapas, mismos que ponen en riesgo la vida, integridad personal y seguridad de las comunidades indígenas que habitan en la región, aunado a la incesante carencia de servicios básicos que trastocan a la población en general, pero sobre todo a las niñas y niños de esas comunidades. Este Organismo Nacional hace un llamado enérgico al Gobernador del Estado a cumplir en tiempo y forma con los puntos de la Recomendación 71/2019 de esta CNDH.
La CNDH solicitó al Gobernador de Chiapas, al Secretario General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, la implementación de medidas cautelares en favor de la persona indígena Cristóbal Sántiz Jiménez, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 14 “El Amate”, en esa entidad. El 20 de marzo del presente año recibió la queja, mediante la cual se denunciaron violaciones a sus derechos humanos, cometidas durante su detención e internamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 3/2020, tras acreditar violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por la contaminación del río Suchiapa y sus afluentes, proveniente de las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la inadecuada gestión de los residuos sólidos en los municipios de Villaflores, Ocozocoautla de Espinoza, Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.
Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, en relación con la contaminación del Río Suchiapa y sus afluentes, por descargas de aguas residuales municipales no controladas, así como por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos; en agravio de los habitantes del Estado de Chiapas.
Para la CNDH no existe cabida a ninguna expresión que atente en contra del derecho a la libre expresión y menos si se ejercen métodos violentos y de represión, por lo que acciones represivas como las cometidas por policías del gobierno de Chiapas en contra de los familiares y organizaciones que forman parte de la denominada “Caravana Sur en Busca de los 43”, merecen un atento llamado a detener cualquier estrategia de contención que exponga la vida y la dignidad humana de los manifestantes.
