El problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres. Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la Suprema Corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA NO SE RESOLVERÁ CON MÁS VIOLENCIAS Y MENOS INCLINANDO LA BALANZA HACIA NINGUNO DE LOS EXTREMOS. Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 136/2022 al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Mario Zenteno Santaella, por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y al interés superior de la niñez, en agravio de una persona menor de edad con entonces un mes de vida; así como al acceso a la información en materia de salud, atribuibles a personas servidoras públicas adscritas a los Servicios de Urgencia y Neonatología del Hospital Regional 1° de Octubre (HR-1° de Octubre) del ISSSTE, en la Ciudad de México.
De acuerdo con INEGI, de 2016 a 2020, los 33 organismos públicos que conforman el Sistema No Jurisdiccional de Protección a Derechos Humanos en el país han emitido 8 mil 285 instrumentos recomendatorios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 117/2022 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por omisiones en la atención de una paciente, quien recibió un diagnóstico médico equivocado e inadecuada atención médica en el manejo clínico de un tumor no cancerígeno, atribuibles a por lo menos dos personas servidoras públicas de las áreas de Oncología Quirúrgica y Oncología Médica del Hospital General de Zona número 50 (HGZ-50) en San Luis Potosí, con lo que se vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud y a la integridad personal, afectando también el proyecto de vida de la víctima, lo cual incidió en sus dependientes económicos.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, a la vida y al interés superior de la niñez, en agravio de QV y V, menor recién nacida, por inadecuada atención médica y acceso a la información en materia de salud.
Sobre el caso de violaciones al derecho humano a la vida y al interés superior de la niñez, en agravio de VM, a cargo de la guardia nacional. Así como, violaciones al acceso a la justicia atribuible a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en agravio de VI, QV, V-1, V-2 y V-3, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos de la niñez a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, atendiendo a su interés superior, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a vivir una vida libre de violencia, en agravio de V1, V2, V3, V4 Y V5.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica por el uso excesivo de la fuerza en agravio de V, a la libertad personal, legalidad y al interés superior de la niñez por su detención arbitraria y retención ilegal, atribuibles a agentes de la policía federal, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia cometido en agravio de V, V1 y V2, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General de la República, en el Estado de México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un atento llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Senado de la República para concretar el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional, con el objetivo de ampliar el marco jurídico nacional de protección a sus derechos y establecer obligaciones concretas para que las autoridades encargadas de su cumplimiento, diseñen e implementen políticas públicas, programas, servicios y mecanismos dirigidos a garantizar su bienestar y desarrollo.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, hace un llamado a las autoridades federales y locales para reconocer que las violencias ejercidas en contra de las infancias y adolescencias son una prioridad en este contexto de emergencia sanitaria y que deben de atenderse a través de una política integral basada en un enfoque de género y de derechos humanos.
