Por hechos ocurridos, en diferentes fechas, en el estado de Guanajuato, donde personal de seguridad privada y de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) –contratados por una empresa ferroviaria para el resguardo de mercancía— dispararon armas de fuego, privando de la vida a tres personas y lesionando a siete más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 97/2019 al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al Fiscal General del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.
Integrantes de la familia LeBarón se trasladaban en varios vehículos cuando fueron atacados por sujetos armados. La gravedad y la saña del ataque denotan el nivel de riesgo en el que se encuentran muchas regiones del país, donde miles de personas están expuestas a la violencia criminal
La CNDH dirigió la Recomendación 86/2019 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por violaciones a derechos humanos de tres víctimas del delito de trata de personas, a quienes personal de esa institución omitió otorgarles apoyo de forma oportuna / El Segundo Congreso Nacional “Los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario” solicitó a los Organismos Públicos de Derechos Humanos vigilar que la autoridad penitenciaria implemente acciones en materia post-penitenciaria para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a un tratamiento de reinserción social / La CNDH dirige la Recomendación 87/2019 al Gobernador y al Fiscal del Estado de Guerrero por la no aceptación de una Recomendación emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
Por el caso de tres personas retenidas ilegalmente por elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y los actos de tortura contra una de ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 88/2019 al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, así como a la seguridad personal e integridad por actos de tortura.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la garantía de hacer valer los derechos humanos de cada persona va de la mano de la procuración y administración de justicia, por lo que, ante una labor tan delicada, es necesario fortalecer las instituciones y las leyes para evitar cualquier tipo de abuso y contaminación del sistema por intereses de terceros.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la retención ilegal de V1, V2 y V3, y a la integridad personal por actos de tortura en agravio de V2, atribuibles a servidores públicos de la entonces secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
La CNDH deplora la falta de voluntad de autoridades, particularmente de las entidades federativas, para atender reclamos de víctimas, y pide haya acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición / La CNDH destaca ante organismos internacionales y Ombudsperson de la región, que la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos debe de ir más allá de su compromiso social y buena voluntad / La CNDH dirige la Recomendación 55/2019 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las Fiscalías Generales de Guanajuato y San Luis Potosí.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, presentó ante la Presidenta y Secretario General de la CIDH, Esmeralda Arosemena y Paulo Abrao, respectivamente, la Recomendación 15VG/2018, ante quienes subrayó la importancia de que el Gobierno mexicano la atienda y la cumpla También tuvo reuniones de trabajo por separado con el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, ambos de la CIDH
Por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federal (PF) en 2015, y la inadecuada investigación del caso por las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 55/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, así como a los Fiscales Generales de ambas entidades, Carlos Zamarripa Aguirre y Federico Arturo Garza Herrera, respectivamente.
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que se requiere reformar la Ley General de Víctimas y debe construirse una Política Nacional de Reparación Integral del Daño, que no descarte la justicia transicional para lograr la verdad y la reparación de las víctimas, así como una efectiva rendición de cuentas por las autoridades
