La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga posibles violaciones a derechos humanos de dos mujeres, quienes, al parecer, fueron objeto de malas prácticas médicas cuando estuvieron detenidas en el condado de Irwin, Georgia, Estados Unidos, atribuibles a personal adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes cometieron posibles actos u omisiones al no proporcionar ayuda a las víctimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 37/2020 a Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la SEDENA y a Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la violación al derecho a la vida, cometido por elementos militares, y por la indebida procuración de justicia, atribuible a peritos de esa Fiscalía General, en agravio de 9 víctimas que perdieron la vida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 29/2020 al Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas y al Fiscal General de Justicia de esa entidad federativa, por el uso ilegítimo de la fuerza pública por parte de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SSP-TAMPS), quienes dispararon sin justificación alguna en contra de una persona a la que privaron de la vida; y por omitir realizar diligencias para el adecuado esclarecimiento de los hechos.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, recibió a un grupo de familiares de víctimas que demandan la intervención de este Organismo Autónomo, para ser atendidos por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Como parte del monitoreo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), en las 32 entidades federativas del país, así como a comunicados de instancias gubernamentales, organismo multilaterales y de organizaciones de la sociedad civil, en la que se denuncien hechos que pudieran constituir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el pasado 5 de mayo del año en curso, se identificó na nota periodística, en la que se señaló: “Este fin de semana, policías estatales detuvieron a Carlos Navarro Landa, de 33 años de edad; horas después, fue entregado muerto a sus familiares con múltiples golpes en rostro y cuerpo. María del Carmen Landa Rodríguez, madre de la víctima, exige justicia ante la muerte de su hijo: Nos dicen que falleció de un paro cardiaco, pero al ver a mi hijo es claro que no falleció de eso, sino de los golpes que le dieron; mi hijo era una persona sana, no padecía del corazón, aseguró” .
La CNDH atrajo el caso de una mujer de 26 años de edad, que el 9 de septiembre de 2019, fue atacada por un hombre que le arrojó ácido, resultando con quemaduras en gran parte del rostro y el cuerpo, hechos que ocurrieron en Huajuapan de León, Oaxaca, y emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud Federal, al Gobierno de Oaxaca, así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el propósito de salvaguardar la vida, integridad y seguridad de la víctima y sus familiares.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a desistirse de la denuncia penal que presentó en contra de presuntas víctimas que se manifestaron en sus instalaciones el pasado 17 de febrero y respete los derechos humanos de las personas afectadas, privilegiando y agotando el diálogo y la solución pacífica de conflictos, para garantizar la aplicación del Artículo 120 de la Ley General de Víctimas que establece:
Integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, solicitaron a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición, en el caso de cuatro estudiantes mexicanos que fueron privados de la vida durante un ataque e invasión que el Ejército y la Policía de Colombia realizaron en el territorio ecuatoriano de Sucumbíos el 1 de marzo de 2008.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena y lamenta los hechos de violencia en Villa Unión, Coahuila, en los que al menos 22 personas perdieron la vida, entre civiles y elementos policiales, a cuyas familias expresa sus condolencias, así como su solidaridad a sus compañeros de la institución. De igual manera, expresa su preocupación por los policías que resultaron heridos y las personas, entre ellas un menor de edad, y personal de esa Presidencia Municipal que permanecen desaparecidos.
Este Organismo Constitucional Autónomo subraya que la lucha contra dicho fenómeno es un asunto de cooperación internacional basado en instrumentos internacionales y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas
