Por ingresar ilegalmente a siete domicilios sin orden judicial, cometer detención ilegal y arbitraria, retención ilegal y actos de tortura y malos tratos, atribuibles a elementos de la Policía Federal (PF), en agravio de 23 personas, 10 de ellas menores de edad, en Macuspana, Tabasco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 39/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, así como al Fiscal General del Estado de Tabasco, Jaime Humberto Lastra Bastar, por la participación de personas servidoras públicas de esa instancia que impidieron el acceso a la justicia.
La CNDH dirigió la Recomendación 36/2019 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violaciones a derechos humanos en agravio de dos personas adultas, una de ellas, mujer de origen peruano, y tres menores de edad, atribuibles a elementos de la Policía Federal y de la entonces Procuraduría General de la República.
La CNDH considera que, pese a lo mucho que el país ha invertido en el ámbito de seguridad y justicia y no obtener los resultados deseados, no debe desecharse todo lo existente y empezar de cero en la generación de recursos y capacidades, ni estigmatizar y descalificar a todas las policías e instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y sus integrantes. Es necesario depurar y revisar a las policías para fortalecerlas, pero debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos, para desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con organizaciones criminales, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.
La CNDH promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de coadyuvar a la consolidación del marco jurídico que rige la Guardia Nacional.
Sobre el caso de violación a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad y seguridad personal en agravio de V1 a V23; a la integridad personal por tratos crueles inhumanos y/o degradantes y actos de tortura en contra de V5, V6, V11, V12, V13, V17, V18, V19 y V20, así como al interés superior de la niñez en agravio de V3, V4, V5, V6, V9, V15, V17, V18, V19 y V23, y acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en contra de V7 y sus familiares, hechos ocurridos en el Municipio de Macuspana, Tabasco.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad por la inviolabilidad del domicilio de V1, V2, V3, V4 y V5; a la libertad personal, por la detención arbitraria de V1 y V2; a la legalidad por la falta de notificación, contacto y asistencia consular de V2, y a la integridad personal por tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como al interés superior de la niñez en agravio de V3, V4 y V5, personas menores de edad en el momento de los hechos, atribuible a servidores públicos de la Policía Federal y de la entonces Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México.
La CNDH tuvo conocimiento de los hechos ocurridos la noche de ayer, cuando hombres armados asesinaron a la periodista Norma Sarabia, corresponsal del periódico Tabasco Hoy en Huimanguillo, quienes la atacaron cuando se encontraba afuera de su domicilio
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó el compromiso de la Red Interinstitucional en Derechos Humanos (RIDH) –a la que este día se adhirió la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para impartir el Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos— en la formación de profesionales y tomadores de decisiones en el ámbito de tales prerrogativas, así como para coadyuvar en la solución de grandes problemas nacionales, como pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya la necesidad de promoveruna cultura de prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, paralo cual exhorta a los gobiernos de los distintos órdenes, a empleadores y trabajadores a contarcon un entorno laboral seguro, saludable y digno, con el fin de revertir los 516,734 accidentesde trabajo y en trayecto, 12,622 personas enfermas con consecuencia de las labores querealizan y 1,408 fallecimientos, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y PrevisiónSocial (STPS) de 2016.
