En un Pronunciamiento Público, la CNDH reitera la necesidad de asumir con crítica y autocrítica los retos derivados de la desaparición forzada y llama a la unión de esfuerzos y refiere el encuentro que el pasado 17 de noviembre sostuvo la presidenta del Organismo Nacional con el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se abordó, sobre todo, la magnitud del reto que nos plantea el grave problema de la desaparición forzada en México, y la necesidad de entablar un esfuerzo interinstitucional que permita rebasar lo meramente normativo -que con frecuencia se queda ahí, en lo declarativo-, para pasar a la potencialización de las acciones.
El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares, por lo cual es urgente que autoridades y sociedad actúen conjuntamente para saldar esa deuda, señaló la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reafirma su compromiso de seguir acompañando a las víctimas de desaparición en México, en sus demandas de justica, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición.
El esclarecimiento de violaciones graves a derechos humanos cometidas durante el pasado en nuestro país, como desapariciones forzadas y torturas, puede prevenir futuras conductas que atenten contra la dignidad de las personas, por lo que es necesario impulsar el análisis de contexto como herramienta de investigación de las mismas, así lo expresó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Estrada Correa.
Es necesario que las y los funcionarios públicos incorporen el análisis de contexto para determinar el marco en el que ocurren casos de desaparición forzada de personas, feminicidios, homicidios y otras violaciones graves a derechos humanos, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, aseveró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 43VG/2021 al titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), almirante José Rafael Ojeda Durán; al gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por la detención arbitraria y desaparición forzada de una persona en el municipio de Salamanca, Guanajuato, atribuible a elementos de la SEMAR y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE).
Desde su creación en febrero de 2020, la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente ha estado trabajando reuniendo documentación, integrando quejas, profundizando en las investigaciones existentes y abriendo nuevas líneas de investigación, derivado de lo cual se tiene prevista la emisión de una Recomendación General al Estado Mexicano.
Marco histórico objeto de las investigaciones de la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del estado durante el pasado reciente (1951-2016)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR); Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha mantenido atenta desde el primer momento en que conoció de los actos de violencia en contra de alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Rural Mactumactzá y 30 integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas, que abanderaban demandas para mejora educativa; y expresa su preocupación ante las denuncias de que por lo menos hay 54 personas que permanecen como desaparecidas, por lo que reclama de las autoridades del estado apego a la ley y atención urgente y especial.
