Sobre el caso de violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, a la seguridad jurídica por retención ilegal en agravio de V1; al trato digno por ejercer violencia desproporcionada durante la detención de V2, V3 y V4, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Policía Federal; así como a la seguridad jurídica de V1, V2, V3 y V4, por personal de la entonces Procuraduría General de la República y del Centro Federal de Readaptación Social No. 12, en Guanajuato.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, debido proceso y a la identidad, en agravio de QV, persona de nacionalidad venezolana refugiada en México, por parte del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de México.
Sobre el caso de violaciones a derechos humanos a la seguridad jurídica y a la integridad personal en agravio de C1, cometida por personal de la entonces policía federal, ahora guardia nacional de la secretaría de seguridad y protección ciudadana; así como el derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de V2, V3 y V4 atribuible a personal de la entonces procuraduría general de justicia del estado de michoacán, ahora Fiscalía General del Estado de Michoacán; y al derecho a la protección de la salud por la omisión de proporcionar atención médica a V1 por parte del personal del Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo llegar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la Recomendación 125/2021 por violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, cometidas en agravio de una persona trabajadora del área administrativa en el hospital Regional de Mérida, en relación a la inejecución de un laudo declarado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y cuya sentencia, emitida el 28 de enero de 2010, obliga al ISSSTE a pagar diferencias salariales, producto de una reclasificación administrativa.
Sobre el caso a violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a al justicia y al plazo razonable, atribuible al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en agravio de QV, por la inejución de un laudo firme de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 75/2021 dirigida al gobernador constitucional del estado de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, y al auditor superior de la misma entidad, Francisco José Romero Serrano, por los señalamientos mediáticos realizados por ambos, los cuales constituyen violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la imagen pública y a la presunción de inocencia en agravio de un exfuncionario, dado que no existen sanciones administrativas ni de responsabilidad penal en contra de este.
Sobre el caso de violaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, atribuibles a la secretaria de inclusión y bienestar social, de la Ciudad de México en agravio de V, por la inejecución de un laudo firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
“Sobre el Recurso de Impugnación promovido por RV en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, vinculado con las violaciones a los derechos humanos, a la seguridad y legalidad, así como a la salud en el trabajo, a la Igualdad y no Discriminación”.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la igualdad y no discriminación de QV, persona con discapacidad.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección a la salud y a la seguridad jurídica que derivó en el fallecimiento de la V en el Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, Estado de México.
