Derivado de una visita al Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil, en el Estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó emitir medidas cautelares para las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos y personal que labora en el Centro penitenciario a la Comisaria General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas (SSPC) y al Comisario Jefe Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, debido al peligro que corre la integridad física de estas personas por las malas condiciones de infraestructura e insalubridad del inmueble.
Se van a cumplir 48 días de que fueron tomadas nuestras instalaciones en las calles de República de Cuba 60. Desde la primera hora nos hemos esforzado en construir condiciones para resolver las demandas que motivaron la toma, atendimos aquellas que eran apremiantes y seguimos atendiendo todas las que después de esa fecha se nos han venido planteando. No hemos escatimado recursos, tanto materiales como humanos, para avanzar en su resolución, y, sin embargo, consideramos que es necesario dar un paso más, definitivo, donde no se pierda de vista el centro de todas las protestas: el supremo interés de las víctimas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la aspiración de muchas víctimas para el acceso a la Justicia y la reparación del daño. Es atribución de la Comisión Nacional impulsar la observancia del cumplimiento a sus derechos humanos y, en ese sentido, es una prioridad que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto de su dignidad.
En el marco del Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronuncia por respetar el derecho a decidir de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva, en contra de la criminalización que sufren cuando se ven orilladas a la interrupción de un embarazo y reconoce que la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una clara violación a sus derechos fundamentales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por el panorama desalentador que representa la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, por lo que llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reflexionar sobre las condiciones que originan y mantienen este flagelo, y crear e implementar políticas públicas integrales para erradicarlo, contrario a los derechos humanos, especialmente, en materia de no discriminación y a una vida libre de violencia contra las mujeres.
Durante una manifestación pacífica que se realizó en León, Guanajuato, el 22 de agosto pasado, por mujeres activistas que exponían un caso de violencia sexual cometido por la policía municipal en contra de una joven; la policía realizó al menos 23 detenciones arbitrarias de 22 mujeres y un hombre, así como una serie de agresiones en contra de manifestantes, reporteras y personas que transitaban en el momento de los hechos.
La CNDH tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica del Oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en el Penal de Santiaguito, en el Estado de México, varias mujeres privadas de la libertad se encontraban lesionadas. En atención a lo anterior, se instruyó a personal de la Tercera Visitaduría General de esta Comisión Nacional, establecer coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y acudir a dicho centro penitenciario a entrevistar a la población agraviada, así como a las autoridades.
A través de distintas fuentes hemerográficas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tuvo conocimiento de diferentes casos de asesinatos de mujeres acontecidos en diversos municipios del Estado de Puebla. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Puebla se encuentra dentro del bloque de los Estados de la República Mexicana con las mayores tasas de feminicidio. Mientras que el municipio de Puebla, forma parte del bloque de municipios con la misma problemática, ubicándose en el cuarto lugar a nivel nacional.
El pasado 6 de julio, integrantes de la Cámara de Diputados, emitieron un posicionamiento para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en apego a las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se reduzcan los recursos del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, y sean considerados como Programas prioritarios, especialmente los que se refieren a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la violencia contra las mujeres ha registrado aumentos importantes durante el periodo de confinamiento, tanto en el número de llamadas al 911, como en el número de asesinatos de mujeres. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron en el 2019, 10.5 asesinatos de mujeres al día; mientras que para el 2020 en el período de enero a marzo, el número fue de 10.6
