La falta de acceso a la justicia, omisiones, dilación injustificada, deficiencia e irregularidades para conocer la verdad atribuibles a tres personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de la República (PGR) y a tres más de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán sobre la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de tres personas -una mujer y dos varones-, dieron origen a la Recomendación 59/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alberto Elías Beltrán y al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
Es una constitución comentada, así como un compendio de todas las reformas que ha habido.
Por ingresar a un domicilio sin contar con una orden judicial, detención ilegal y arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de un hombre, atribuibles a elementos de la Policía Federal (PF) en Reynosa, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 67/2018 al entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, y al quien fuera Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, la cual les fue debidamente notificada el 30 de noviembre del presente año.
La falta de supervisión, mantenimiento preventivo y vigilancia de las redes subterráneas de distribución de energía eléctrica, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por personas servidoras públicas adscritas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a su subsidiaria CFE Distribución, derivó en la muerte de una persona por electrocución. Por esos hechos ocurridos en noviembre de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 76/2018, dirigida a los actuales Directores Generales de ambas paraestatales, Manuel Bartlett Díaz y Guillermo Nevárez Elizondo, respectivamente.
La omisión de las autoridades federales para adoptar acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas para regular adecuadamente el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos, en todo su ciclo de vida constituyen violaciones a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigió la Recomendación 82/2018 a los titulares de la Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).
