La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhorta a los tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos del país, con escasa o nula cobertura de infraestructura médica y marginados de la información que los concientice sobre sus derechos, y los prevenga sobre las medidas de salud pública que se deben adoptar.
La CNDH lamenta profundamente y condena de forma enérgica, la decisión tomada por el Gobierno del Estado de Yucatán, respecto de la seguridad de la defensora de los derechos humanos Clemencia Adelaida Salas Salazar, de retirarle el servicio de escolta, pese a que ya contaba con las medidas de protección en esa entidad federativa. El Organismo Nacional solicitó la incorporación de la defensora Salas Salazar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
La CNDH informa que en la Segunda Visitaduría General se registró el primer caso confirmado de Coronavirus. La trabajadora dejó de laborar desde el 24 de marzo y está siendo atendida en su casa. De acuerdo a los médicos no es un caso grave. La Presidenta del Organismo Nacional, María del Rosario Piedra Ibarra, está al pendiente de la situación y de lo que requiera ella y su familia. El día de mañana se sanitizará el área, para tranquilidad y seguridad de quienes ahí laboran durante las guardias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pide a las instituciones de salud pública, federales y estatales, continuar con las acciones procedentes para garantizar el derecho a la salud de toda la población, en especial, a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana VIH, mediante el abasto planeado, oportuno, suficiente e integral de medicamentos y antirretrovirales, así como una optimización en los tiempos de atención de los servicios médicos.
La CNDH emitió un acuerdo de radicación y atracción con motivo de la publicación de una nota periodística en el portal electrónico www.animalpolitico.com bajo el rubro “ONG denuncian explotación de mujeres y riesgo ante COVID-19 por servicios de 'table' a domicilio”, en la que se expuso que “Asociaciones defensoras de derechos y feministas exigieron a las autoridades investigar a centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecen servicios de ‘table dance’ a domicilio en Tlaxcala, tras el cierre de locales por el COVID-19”, ya que consideran atenta no solamente contra el derecho a la salud, sino por discriminación y posible trata de personas con fines de explotación sexual.
La CNDH manifestó su beneplácito por la publicación de los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el ejercicio fiscal 2020, en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 2020; a la vez que apoya el compromiso de dotar a los Refugios de los recursos necesarios para que, a través de su labor, coadyuven a garantizar el derecho de las mujeres, niñas y niños, a una vida libre de violencia.
La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares a la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para prevenir situaciones de inseguridad en agravio de las y los estudiantes que se encuentran en paro en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco y en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. Este Organismo Nacional tuvo conocimiento que el pasado sábado 4 y domingo 5 de abril ocurrieron incidentes violentos en las instalaciones del CCH Azcapotzalco y la FES Acatlán.
La CNDH exhortó a los tres órdenes de gobierno a tomar en cuenta diferentes consideraciones para la adopción de las medidas para contener la propagación del virus, aplicándolas con un enfoque basado en una perspectiva de género y pleno respeto de los derechos humanos, entre otras, se dé información completa, veraz, oportuna y transparente respecto de las medidas de prevención; garantizar a la población la permanencia en el trabajo y acceso a sus derechos laborales; abstenerse de la adopción de sanciones desproporcionadas ante el incumplimiento o inobservancia de medidas de aislamiento social; no hacer comentarios contrarios a los vertidos por las autoridades sanitarias expertas en la materia o brindar declaraciones que distraigan la atención sobre la información esencial y asegurar un mecanismo institucional (Banco de Alimentos), que permita acceder gratuitamente a alimentos y medicamentos a personas de grupos vulnerables.
