Sobre el caso de violación al derecho a la integridad personal, así como al normal desarrollo psicosexual y de la personalidad, por la omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público, así como al interés superior de la niñez en agravio de V1, y al trato digno en agravio de V1, V2 y V3 por personal de una Estancia Infantil del ISSSTE, en la Ciudad de México.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, exhortó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Cresencio Sandoval González, a que se investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego, durante un operativo realizado el pasado 3 de julio del año en curso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que un civil fue abatido por miembros del Ejército Mexicano, tras ser reconocido como persona herida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició el expediente del proyecto de infraestructura denominado “Tren Maya”, luego de que el “Comité Pro Defensa Tren Maya”, promovió la queja en la que denuncia violaciones a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades indígenas de Calakmul, Campeche.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a la Cámara de Senadores para que, con fundamento en los artículos 1° y 76 fracción 1 de la Constitución Política de nuestro país, se apruebe a la brevedad la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para recibir y examinar las comunicaciones realizadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, presentada el pasado día 25 de agosto por el Titular del Poder Ejecutivo, Lic. Andrés Manuel López Obrador.
La CNDH exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar el procedimiento de retiro de la reserva al artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención por parte del Estado mexicano.
Durante una manifestación pacífica que se realizó en León, Guanajuato, el 22 de agosto pasado, por mujeres activistas que exponían un caso de violencia sexual cometido por la policía municipal en contra de una joven; la policía realizó al menos 23 detenciones arbitrarias de 22 mujeres y un hombre, así como una serie de agresiones en contra de manifestantes, reporteras y personas que transitaban en el momento de los hechos.
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, emitió un acuerdo de atracción para investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos en el caso del fallecimiento del periodista Juan Nelcio Espinoza Menera, conocido como “El Valedor TV” quien, según reportes de prensa, fue detenido junto con el también periodista Néstor Guerra, el pasado 21 de agosto, mientras circulaba a bordo de su vehículo en Piedras Negras, Coahuila.
En la mesa de trabajo celebrada este día, en la que participaron víctimas y miembros de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como con representantes de la Secretaria de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Gobierno del Estado de Tamaulipas, Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como invitados especiales entre los que se encontraban representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los Procuradores de Derechos Humanos de Guatemala y el Salvador, un Representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, entre otros, con motivo del seguimiento de la recomendación 80/2013, relativa al caso San Fernando, se llegó a los siguientes acuerdos:
