Los retos actuales que enfrenta el país en materia de derechos humanos, derivados de la pandemia por el COVID-19, la violencia contra las mujeres, la atención a las familias de las personas desaparecidas y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclaman la atención y trabajo conjunto de los Poderes de la Unión, gobiernos estales, jueces y fiscales, y organismos defensores de derechos humanos y atención a víctimas para formular soluciones y respuestas que exige el pueblo de México, afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
Acudo ante esta Soberanía, a efecto de dar debido cumplimiento al artículo 102 apartado B de la Constitución, así como a los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y rendir cuentas de mi gestión durante el año 2020, cuyo texto íntegro ha sido entregado a la secretaría técnica de la Mesa Directiva, en su versión escrita y electrónica, pero además se encuentra ya disponible en nuestra página institucional.
La complejidad de los diferendos que viven diversas comunidades del pueblo y la región Triqui devienen de conflictos de origen multifactorial, caracterizados por la violencia e inseguridad que prevalece en la zona, y se han agravado en fechas recientes por el desplazamiento forzado de habitantes de la localidad de Tierra Blanca, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca.
