La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) manifiestan su preocupación por la situación de la señora Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo.
Es obligación de todas las instituciones del Estado adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para hacer efectivo el derecho a la información de las personas con discapacidad, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, al dar a conocer la Guía sobre Buenas prácticas para formatos de información y comunicación accesibles.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) celebran la aprobación de las reformas al Código Penal de la entidad que reconocen el derecho exclusivo de las mujeres a la maternidad voluntaria y el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la presidencia municipal de Piedras Negras, Coahuila, para salvaguardar la integridad y proteger los derechos de personas en contexto de migración que se encuentran detenidas en las instalaciones del Centro de Detención de Seguridad Pública Municipal de dicha entidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad de las personas en contexto de migración que se encuentran instaladas en la Plaza de la República, en Reynosa, así como para evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta al gobierno y Fiscalía General del Estado de México, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas de los hechos ocurridos en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A siete años de ocurridos estos acontecimientos todavía se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas.
