Sobre el Recurso de Queja promovido en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en relación con la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de R
A poco más de cuatro meses de haberse iniciado el campamento migrante denominado “El Chaparral” en la ciudad de Tijuana, Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera a las autoridades involucradas que establezcan las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a las personas en contexto de migración que se encuentran en el interior y en las inmediaciones del lugar, y así evitar que se ponga en riesgo su seguridad, sus bienes, su integridad física y su vida.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena el homicidio del defensor Tomás Rojo Valencia, integrante de la comunidad Yaqui, en Sonora, y quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo; agravio que, a juicio de sus familiares, se relaciona con su activismo en la región, toda vez que fue portavoz de los pueblos en resistencia durante la construcción y posterior operación del Acueducto Independencia en la entidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover el estudio, enseñanza, observancia, defensa, respeto y difusión de los derechos humanos, en favor de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes (NNA).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llama a la Secretaría de la Defensa Nacional a cumplir con la deuda que se mantiene con las víctimas y sus familiares en cumplimiento de la Recomendación 38VG/2020. Este martes 22 de junio de 2021 acudió a entrevistarse con la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, Oscar Kabata, víctima de violaciones graves por un integrante de las Fuerzas Armadas hace 12 años. En la reunión le expuso y reiteró las dos violaciones de las que ha sido objeto y del incumplimiento de los compromisos de su reparación, a pesar de existir compromiso en ese sentido.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 27/2021, dirigida al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, por las violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad que derivó en el fallecimiento de una persona privada de la libertad, diagnosticada con COVID-19 en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en Tepic, Nayarit.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR); Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en agravio de QV y V, así como al principio del interés superior de la niñez, y a la seguridad jurídica en agravio de V, por actos atribuibles a personas servidoras públicas del Hospital General de Zona No. 46 “Dr. Bartolomé Reynés Berezaluce” del IMSS en Villahermosa, Tabasco.
Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la vida, a la protección de la salud, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad que derivó en el fallecimiento de V en el Centro Federal de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.
