Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, así como a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia en sede administrativa en agravio de V, atribuibles a personal adscrito a la secretaría de bienestar.
En el marco de la conmemoración del 71 aniversario de la represión de la “Fiesta de la Victoria”, celebrada en La Alameda el 7 de julio de 1952, ocasión en la cual militantes y simpatizantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano se reunieron para manifestarse pacíficamente en contra del fraude electoral y fueron violentamente reprimidos, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama, reconoció la lucha emprendida por el movimiento henriquista a mediados del siglo pasado para consolidar la democracia y los derechos civiles y humanos en nuestro país, por lo que consideró meritorio el esfuerzo que ha realizado la CNDH para quitar la losa que sepultó por años la memoria de un hecho muy relevante de nuestra historia, sobre todo al recordar que se ha hablado mucho de hechos terribles de nuestro pasado, y se ha logrado reivindicar a víctimas y a luchadores por la democracia y por otras grandes causas, pero quedó durante mucho tiempo en el olvido el tema de la represión a los henriquistas en La Alameda.
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En sesión de Pleno fue aprobada por el Senado de la República la propuesta de modificaciones legislativas en materia electoral que propuso el Ejecutivo federal en noviembre de 2022. Desde que fueron anunciadas, las reformas han sido objeto de un debate en las cúpulas políticas y entre el sector de opinadores, pero lamentablemente ha dejado fuera del mismo a la gran mayoría ciudadana que, de distintas maneras se ha expresado en favor de una refundación del organismo electoral; de reducir su aparato burocrático y su presupuesto, sobre todo el destinado a sueldos excesivos y prestaciones, así como de mejorar el desempeño de sus funcionarios sin afectar sus funciones y sin violentar a la vez la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Manual de Organización del OIC 2023
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 86VG/2023 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, así como a la libertad personal, seguridad jurídica y legalidad por retención ilegal en agravio de una víctima, atribuibles a dos elementos de la entonces Policía Federal (PF) en Morelia, Michoacán. La víctima fue detenida en calles de Morelia, Michoacán, y tras ser sometida a actos de tortura que dejaron lesiones permanentes en ambos brazos y una de sus piernas, además de daño psicológico, fue obligada a declararse culpable de varios delitos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Control Penitenciario, ambas del Estado de México, y la Fundación Teletón, participó en el lanzamiento del programa “LiberArte” en el centro penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, el cual busca beneficiar a más de 2 mil 200 mujeres privadas de la libertad y a 22 niñas y niños que viven con ellas, a través de talleres culturales y artísticos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 08/2023 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, derivada de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, así como al acceso a la información en materia de salud, en agravio de una persona que recibió una inadecuada atención médica, atribuibles a personas servidoras públicas del Hospital General de Zona número 3 (HGZ-3) del IMSS, en Jesús María, Aguascalientes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 07/2023 al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto, por violaciones a los derechos humanos a la protección a la salud y a la vida de una persona adulta mayor, así como al trato digno y al acceso a la información en materia de salud en agravio de la víctima y sus familiares en el Hospital General de Zona número 3 (HGZ-3) en Jesús María, Aguascalientes, atribuible a personas servidoras públicas adscritas a ese nosocomio.
