La revisión y diseño de las políticas públicas deben tener como objetivo el cumplimiento de los Derechos Humanos, atendiendo problemas a través de acciones de gobierno que sean eficaces y eficientes, apelando también a la suficiencia y pertinencia, con una nueva mentalidad respecto al gasto público, donde lo primordial sea el bienestar de la población.
La CNDH es el único órgano autónomo que no eleva su presupuesto para 2023; adopta con compromiso la Ley Federal de Austeridad Republicana, más allá de su mero cumplimiento.
Desde el mes de noviembre de 2019, con el arribo de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vive una profunda transformación. Gracias a esto, hoy, con menos recursos del pueblo que se gastan, se tienen los mejores resultados históricos de la CNDH: se emiten más acciones de inconstitucionalidad, más recomendaciones, y el número de expedientes concluidos ha aumentado notablemente.
Por una vez más esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es objeto de la consabida campaña de desprestigio, a base de mentiras, que en el fondo no tiene otro propósito que el de desacreditar el proceso de transformación, la transparencia y el inequívoco compromiso con las víctimas de todo el país que caracterizan a su actual gestión.
En la presentación del Informe de Actividades 2019, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, afirmó tajantemente que la transición de mando se ha realizado sin precipitaciones ni prisa, fortaleciendo la institución y garantizando el desahogo de la agenda de trabajo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte sobre la precaria situación que enfrentan más de 9 millones de personas a nivel nacional que cuentan con muy bajo o nulo acceso a servicios de salud, y quienes radican en 120,531 localidades rurales, de acuerdo con cifras del CONEVAL, lo que es consecuencia de la falta de inversión pública en el sistema de salud y representa un gasto del bolsillo para esas personas, ya que del total del gasto de salud en México en 2016, el 41.4% correspondió a erogaciones directas de las familias.
