Masacre de copreros en Acapulco, Guerrero, México

El 20 de agosto de 1967, en la esquina de la avenida Ejido y Calle 6, sucedió una de las matanzas que marcó la historia regional de Acapulco y del estado de Guerrero: se le conoce como Masacre de La Coprera, y se disparó contra cientos de personas que acudían a la sede de la unión de copreros para participar en una asamblea regional donde se discutiría el futuro de la organización. Hubo 35 fallecidos, y 150 heridos.[1]

Durante la década de los sesenta, la producción de coco y sus derivados para abastecer el mercado mundial, empezó a cobrar auge en México. En el estado de Guerrero la extensa producción existente fue siendo acaparada para su comercialización por los caciques y empresarios locales que acaparaban la compra y la pagaban a precios muy bajos, los ejidatarios de coco habían venido inconformándose y denunciando las irregularidades existentes y el intento de control en la Unión Regional de Productores de Copra[2] del Estado de Guerrero (URPCEG), señalando problemas con la junta directiva y el manejo presupuestal con uso indebido de recursos y la inconformidad por el establecimiento de un impuesto por parte del gobernador del estado Raymundo Abarca Alarcón -médico militar priista quien ejerció el cargo de 1963 a 1969-. El 23 de abril de 1967 se realizarían elecciones para renovar la dirección y el conflicto se recrudeció.[3]

Durante más de dos años los campesinos se inconformaban por la falta de apoyos, el maestro rural Florencio Encarnación, originario de Tixtla, recién asignado al municipio de Coyuca de Benitez[4] al ver la explotación a la que eran sujetos los campesinos, ayudo a su organización por la exigencia de elecciones democráticas y pago justo por la copra. La fuerza de la Unión siguió creciendo y los empresarios, políticos y acaparadores tuvieron temor dado que esta pagaba a 3.50 pesos el kilo de la pulpa del coco y los acaparadores lo pagaban a 50 centavos, estaban robando[5], De este modo, en abril de 1967, Raymundo Abarca Alarcón; el líder de la Confederación Nacional Campesina, Amador Hernández, y el presidente de la URPCEG, Rosendo Ríos Rodríguez, y su candidato Jesús Flores Guerrero -líder ajeno a las luchas de los campesinos recolectores de coco-, enfrentaban la lucha de los campesinos coperos por la democracia interna en la URPCEG y en contra de un impuesto implantado por la administración abarquista.

Previo a la elecciones se organizaron actividades políticas y sociales, sin embargo se dio como vencedor a Flores Guerrero, los disidentes inconformes presentaron denuncias por fraude en las elecciones: falsificación de credenciales, compra de votos, engaños a campesinos entre otros[6], además, recurrieron a la asesoría del entonces diputado César del Ángel, quien recorrió la zona coprera y visitó más de 100 ejidos convocando a celebrar un congreso de la URPCEG para destituir a Jesús Flores Guerrero, elegir una nueva dirección y suspender el impuesto de 13 centavos por kilogramo de copra, para regresar al anterior impuesto de tres centavos, y dieron como fecha el 20 de agosto en el edificio de la unión. La respuesta no se hizo esperar, con apoyo del gobernador se intentó disuadir a César del Ángel, la dirigencia electa se atrinchero en el edifico el mismo día del congreso, realizaron acopio de armas, y contratación de asesinos profesionales, la masacre estaba planeada.

Los líderes de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero, apoyados por gatilleros de renombre y el gobernador Raymundo Abarca Alarcón, abrieron fuego y reprimieron a 800 productores de copra desarmados, cuando intentaban ingresar al edificio sede para la realización del congreso previamente planeado.

En su momento, el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero señaló: “El 20 de agosto se escenificó la más descarada y sangrienta agresión a los campesinos productores de copra por parte de la policía judicial, grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra” .[7]

Estos actos son violaciones sistemáticas a los derechos humanos, organizadas y coordinadas fundamentalmente a través del aparato político-militar del Estado con la colaboración activa de grupos de apoyo, represivos y armados.

Esta terrible matanza inhibió el proceso independiente de organización productiva de los gremios copreros, hasta la fecha el sector esta sumido en una crisis tan profunda que parece irreversible y sin solución.[8] No se ha logrado recuperar.

Hoy, a más de medio siglo del suceso, todavía no se ha hecho justicia, y la condición económica de los productores de copra, de quienes hacen del coco y su médula centro de sustento, es cada día más difícil. Abandonado, más de tres dueños han intentado derribar con maquinaria pesada, guardias blancas y policías, al histórico edificio donde fue la masacre de La Copra. No lo han conseguido: en sus rejas y paredes, los rastros de los terribles acontecimientos de aquel 20 de agosto de 1967[9] aún enarbolan la trágica memoria.

Dentro de los derechos humanos que se vulneraron durante este terrible acontecimiento encontramos los siguientes:

• Derecho a la legalidad
• Derecho a la seguridad jurídica
• Derecho al trato digno y al honor
• Derecho al acceso a la justicia