“Hago un llamamiento a los gobiernos y a todos los agentes
interesados para que formulen y apliquen estrategias de
prevención más eficaces y leyes y políticas más rigurosas a
fin de atender todos los aspectos del maltrato a las personas
ancianas. Trabajemos juntos para optimizar las condiciones
de vida de esas personas a fin de que puedan brindar lo mejor
de sí a nuestra sociedad.”
Ban Ki-moon
Ex Secretario General de Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/66/127, designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez.[1]

El objetivo de este día es invitar a la sociedad en general a reflexionar sobre los problemas físicos, mentales y de salud que se ocasionan a un adulto mayor al ser víctima de acciones perturbadoras de su confianza y productoras de daño o angustia.

Las personas mayores son víctimas a diario de discriminación y exclusión social, lo cual podemos definirlo como un problema social mundial que afecta tanto en la salud como en otros derechos humanos de millones de personas mayores y es, por tanto, un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional[2]

Dentro de este sector poblacional el número de mujeres de edad es mayor que el de los hombres, y estas se enfrentan a múltiples formas de discriminación derivadas de sus roles sociales basados en el género, agravadas por su edad, su discapacidad u otros motivos, lo cual afecta al goce de sus derechos humanos. El 6,1% de las mujeres de 65 y más años que han tenido pareja alguna vez en la vida han sufrido violencia física de alguna pareja o expareja, frente al 12,1% de las mujeres menores de 65 años. También un 6,1% de las mujeres mayores han sufrido violencia sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas, frente al 9,0% de las mujeres de menos edad.[3]

Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo la población de personas mayores de sesenta años pasará de 900 millones en 2015 a unos 2000 millones en 2050. Además, en los últimos dos, aproximadamente una de cada seis personas mayores de sesenta años sufrió algún tipo de abuso en sus comunidades.[4]

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/66/127 alienta a los gobiernos a que presten mayor atención a la creación de capacidades para erradicar la pobreza entre las personas de edad, en particular para las mujeres, a través de estrategias que tengan en cuenta la trayectoria vital de la persona en su totalidad y fomenten la solidaridad intergeneracional, el empoderamiento de las personas mayores, la promoción de sus derechos; la sensibilización sobre el envejecimiento, así como también proveer de condiciones que permitan a las familias y comunidades proporcionar cuidados y protección a las personas a medida que envejecen, a evaluar la mejora del estado de salud de las personas de edad, en particular en función del género, y a reducir la discapacidad y la mortalidad.[5]

De igual forma, invita a los Estados miembros a promover el desarrollo de servicios comunitarios para las personas de edad, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos y físicos del envejecimiento y las necesidades especiales de las mujeres; a reforzar e incorporar las perspectivas de género y de discapacidad en todas las políticas en materia de envejecimiento y a combatir y erradicar la discriminación por razón de edad, género o discapacidad. Propone se ocupen del bienestar y la atención sanitaria adecuada de las personas mayores así como de todos los casos de abandono, maltrato y violencia que sufren, mediante la formulación y ejecución de estrategias preventivas más eficaces y leyes y políticas más firmes, para afrontar esos problemas y sus causas subyacentes otorgando un apoyo social y económico sostenible para las personas de edad.[6]

En este sentido México desde hace más de 10 años ha logrado avances que han contribuido a la construcción de una vida digna para las personas mayores, el 18 de noviembre de 2003 durante el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, se creo la “Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de sesenta y ocho años, Residentes en el Distrito Federal” en la que se estableció que los adultos mayores de sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal tienen derecho a recibir una pensión diaria no menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. En cuanto a la forma como se hará valer la pensión alimentaria, será a través de una tarjeta electrónica, que será expedida por el Gobierno del Distrito Federal, y la cual podrá ser utilizada en los principales centros comerciales autorizados y/o en los mercados públicos del Distrito Federal.[7]

También estableció el “Programa Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México” teniendo este su fundamento jurídico en la “Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de sesenta y ocho años, Residentes en el Distrito Federal”. El programa consiste en una transferencia monetaria mensual mismos que se entregan de manera bimestral y directa, a través de una tarjeta electrónica, que busca incidir directamente en el poder adquisitivo de alimentos y medicinas. Dentro de los objetivos específicos del se busca entregar una pensión a la población adulta mayor indígena de 65 años o más de edad, y a la población adulta mayor no indígena de 68 años o más de edad, para que así cuente con garantía y acceso al derecho a la protección social.[8]

A partir del 2019 el Gobierno de México crea la pensión universal no contributiva "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores" el cual tiene cobertura nacional y apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país. El programa otorga apoyo económico que se entrega de manera directa –sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta bancaria. Así mismo, dentro de este programa se extendió el beneficio a jubilados del ISSSTE y del IMSS y se priorizo a los adultos mayores que viven en comunidades indígenas del país[9].

Además, desde el año de 1980, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores brinda su credencial INAPAM la cual va dirigida a personas que tengan los 60 años cumplidos o más y al adquirirla ofrece beneficios y descuentos, con prestadores de servicios en todo el país[10].

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lleva a cabo de forma permanente la Campaña Nacional de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es promover y difundir entre la población de más de sesenta años el conocimiento de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. De esta manera favorece el respeto y ejercicio de sus derechos a nivel federal, estatal y municipal, y pretende generar una cultura de conocimiento y reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas al hacer visible su importancia como grupo social[11].

En 2019 la CNDH emitió el “Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México”. En él se destaca que el Organismo Nacional ha emitido diversas quejas motivadas por actos u omisiones perjudiciales para los derechos humanos de las personas mayores, sobre todo en materia de deficiencias en los servicios de salud[12].